El Sapo Adorno, artífice de tráfico de influencia para “flanquear” a delincuentes, dicen
11:03 - 16/03/2026
El diputado José Domingo Adorno, más conocido como “El Sapo” utiliza su banca para activar la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, citar al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional en beneficio de una mujer imputada por coacción y de un hombre con antecedentes por homicidio doloso de una menor. ¿La mecánica configura un caso de tráfico de influencias que involucra a tres instituciones del Estado.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados convocó para este lunes 16 de marzo a las 14:00 horas una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera, y el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez González. El motivo formal: analizar una denuncia presentada por Natividad de Jesús Ruiz Díaz Franco, una mujer que se presenta como pobladora de Puerto Casado, Alto Paraguay. Sin embargo, la investigación de sus antecedentes y los vínculos que sostienen esta convocatoria revelan una trama que conecta a un diputado investigado por lesión de confianza, un exintendente condenado por corrupción, una imputada por coacción y un hombre con antecedentes por homicidio doloso de una niña de 5 años.
Lo que se observa en la secuencia de hechos configura lo que en términos penales se conoce como tráfico de influencias: un legislador utiliza su posición para activar mecanismos institucionales —Comisión de Derechos Humanos, Ministerio del Interior, Policía Nacional— en beneficio de personas con antecedentes penales gravísimos y vínculos directos con su estructura política. La denunciante opera bajo la protección del hermano condenado del diputado, y su socio trabajaba en una radio propiedad del propio Mino Adorno.
La convocatoria que busca comprometer a las autoridades
El documento, firmado por la abogada N. P. Blanca Ojeda, directora de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, está dirigido al diputado nacional Mino Adorno y señala que la reunión fue convocada “a raíz de la denuncia presentada por la Sra. Natividad de Jesús Ruiz Díaz y los pobladores de Puerto Casado”. El objetivo declarado es “analizar los hechos denunciados y las actuaciones realizadas, así como recibir informes de las autoridades competentes”.
Sin embargo, lo que la convocatoria no menciona es que Ruiz Díaz Franco fue imputada por el Ministerio Público por la presunta comisión de coacción y coacción grave, según una resolución judicial del 5 de marzo de 2026. La imputación se originó tras un incidente ocurrido el 20 de febrero, cuando la mujer habría impedido trabajos de alambrado y limpieza de empresa privada, llegando incluso a incendiar parte de un acoplado y amenazar a trabajadores, según consta en el expediente del Juzgado Penal de Garantías de Puerto Casado.
Tampoco mencionan la relación de Natividad con Patricio Osmar Ortigoza Franco, alias Mauro Ruíz Díaz, sindicado por los pobladores como uno de los principales cabecillas de grupos armados que hostigan a productores y ciudadanos de la zona. Según los antecedentes judiciales, cuenta con causas por apropiación (2022 y 2023) y un homicidio doloso en 2024, entre otros procesos abiertos.
A pesar de ello, sigue operando con aparente impunidad, protegido por vínculos políticos. En particular, se lo relaciona con el Diputado Domingo Adorno y su hermano, el ex intendente Hilario Adorno, condenado por hechos de corrupción.
El diputado detrás de la maniobra
El impulsor de la convocatoria es el diputado José Domingo Adorno (ANR-Honor Colorado), representante de Alto Paraguay. Adorno no es un legislador ajeno a la controversia.
La Fiscalía de Delitos Económicos lo investiga por presunta lesión de confianza durante su gestión como gobernador de Alto Paraguay (2018-2023). En diciembre de 2023, el fiscal Silvio Corbeta encabezó un allanamiento a la sede administrativa de la Gobernación en Asunción, incautando documentación vinculada a supuestas irregularidades en la ejecución de obras y el pago de mantenimiento de rodados.
El exintendente condenado que sigue operando
El otro pilar del clan en Puerto Casado es Hilario Adorno Mazacotte (ANR-HC), hermano de El Sapo y exintendente del distrito. En junio de 2025, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos lo condenó a tres años y ocho meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio, tras comprobarse que utilizó G. 50 millones de fondos municipales para el pago inicial de una camioneta Mitsubishi L200 Tritón a su nombre. La condena fue ratificada por unanimidad por el Tribunal de Apelación Penal en octubre de 2025.
Pese a la condena y a una prohibición de acercarse a 500 metros de la sede municipal, Hilario Adorno habría seguido gestionando recursos públicos desde su domicilio. Según registros oficiales, en 2025 habría manejado más de G. 4.000 millones provenientes del Estado sin rendición de cuentas. Además, la Junta Municipal de Puerto Casado presentó en marzo de 2026 una tercera denuncia contra el exintendente, basada en un informe de la Contraloría General de la República que detectó cheques por G. 2.452 millones cobrados por dos funcionarios municipales leales a Adorno, sin documentación que justifique el destino de esos fondos.
El socio con antecedentes por homicidio doloso de una menor
Detrás de Natividad Ruiz Díaz opera Patricio Osmar Ortigoza Franco, quien durante años vivió en Puerto Casado bajo la identidad falsa de «Mauro Ruiz Díaz». Este hombre fue capturado en septiembre de 2022 en el barrio María Auxiliadora de Puerto Casado, donde se escondía desde 2013. Al verificarse su identidad mediante el sistema AFIS, se confirmó que se trataba de un prófugo con antecedentes por el homicidio doloso de una niña de 5 años, Karen Alice Rodríguez Caballero, ocurrido en Hernandarias, Alto Paraná. Además del caso de la menor, Ortigoza Franco registra al menos siete órdenes de captura adicionales por hechos de hurto y apropiación.
El dato más revelador: durante sus años como prófugo, Ortigoza Franco trabajaba como locutor radial en la emisora Pantanal FM, que según la investigación periodística de ABC Color ya en 2022, era propiedad del entonces gobernador José Domingo Adorno.
Esto se mantiene vigente al día de hoy.
La población de Casado señaló que el hombre habría gozado de la protección de altos jefes policiales durante esos años. Su pareja, Elizabeth Nequi Centurión, fue detenida como presunta cómplice y, hoy, es precandidata a concejal departamental con el respaldo político de Mino Adorno.
La secuencia: de la invasión a la convocatoria al ministro
La cadena de hechos dibuja un patrón. El 20 de febrero de 2026, Natividad Ruiz Díaz habría liderado un grupo que impidió trabajos de una empresa privada, incendiando herramientas y amenazando a trabajadores. Fue imputada y detenida. El 5 de marzo, el Juzgado Penal de Garantías de Puerto Casado le impuso medidas alternativas a la prisión preventiva y se levantó la orden de detención fiscal.
Ese mismo día, la Municipalidad de Puerto Casado —bajo influencia del clan Adorno— publicó en sus redes una “invitación especial” a una reunión con la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Una comitiva integrada por el propio El Sapo Adorno y el diputado Néstor Castellano (ANR-Central) visitó Puerto Casado para escuchar la versión de Ruiz Díaz, quien se presentó como víctima de persecución. Periodistas de Radio 1000, como Juanki Lezcano y Héctor Alegre, denunciaron públicamente al aire que la comitiva parlamentaria buscaba “blanquear a delincuentes”.
Puerto Casado: pistas clandestinas y crimen organizado
El contexto territorial es clave. Puerto Casado se encuentra en el departamento de Alto Paraguay, una de las zonas más vulnerables del país en materia de narcotráfico. En julio de 2022, la Senad y la Fiscalía detectaron pistas de aterrizaje clandestinas en establecimientos de las localidades de Puerto Casado y Puerto Pinasco, vinculadas a una organización de tráfico internacional de cocaína.
Alto Paraguay concentra gran parte de las cerca de 1.700 pistas clandestinas que, según estimaciones citadas por el propio senador Enrique Riera en un informe sobre narcotráfico, estarían a merced del crimen organizado en el país.
Los pobladores de Puerto Casado que siguen de cerca estos movimientos sostienen que Natividad Ruiz Díaz y su entorno operan como ocupantes vinculados a estructuras que protegen el uso de tierras en zonas donde se registra actividad vinculada al narcotráfico. La comunidad exige transparencia y que las autoridades no se dejen arrastrar a una maniobra política orquestada por un clan con condenas, investigaciones abiertas y vínculos con personas con gravísimos antecedentes penales.
Fuente: Paraguayo Independiente
