Clientes políticos y el avasallamiento de la propiedad privada en Casado
13:03 - 07/03/2026
La ciudad de Puerto Casado, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, en el Chaco a orillas del río Paraguay en estos últimos 25 años fue foco de conflictos entre la empresa Atenil S.A, los políticos de la zona y los pobladores. La tierra se convirtió en “el caballito de batallas” de los políticos y fuente de provechos para personas inescrupulosas que solo buscan sacar provechos personales.
Casado se encuentra aproximadamente a 650 km. al norte de la ciudad de Asunción. Es un municipio histórico, conocido también como Puerto La Victoria, que fue crucial durante la Guerra del Chaco. Sus tierras son ocupadas principalmente por los pobladores locales (cerca de 7,000 habitantes) que buscan titularizar sus viviendas, junto con la empresa Atenil S.A. (desvinculada de la Secta Moon/Iglesia de la Unificación), propietaria de unas 300,000 a 400,000 hectáreas en el distrito.
Atenil S.A. (Secta Moon) adquirió las tierras en el año 2000, incluyendo el casco urbano, puerto y ferrocarril, tras el cierre de la empresa taninera Carlos Casado.
Con el objetivo de regularizar la tenencia de tierra a las pobladores el 20 de noviembre del año pasado se realizó una histórica entrega de los primeros 31 títulos de propiedad a pobladores de Puerto Casado, Chaco, por parte de la Empresa Atenil SA, con la presencia del gobernador Arturo Méndez y el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz.
Escenas de felicidad y emoción vivieron las familias del Chaco paraguayo que esperaron 25 años.
El presidente del Indert, Prof. Econ. Francisco Ruiz Díaz, resaltó que este es otro resultado positivo de la alianza público-privada con la donación efectuada por la empresa Atenil S.A. Agregó que ahora trabajarán por la titulación a favor de todas las familias del emblemático lugar.
El Gobierno de Santiago Peña cumplió su compromiso con Puerto Casado entregando los primeros títulos de propiedad, afirmó Arturo Méndez, Gobernador de Alto Paraguay.
El gobernador brindó “el respaldo de Puerto Casado al titular del Indert, porque es uno de los funcionarios que más trabaja en el actual Gobierno y puede mostrar resultados en la titulación de las tierras del Chaco. No importa la hora, días feriados, siempre está al servicio de las comunidades”.
El representante de la empresa Atenil, Kiantar Betancourt, dijo que "se abre un nuevo capítulo para Puerto Casado con la regularización de la tierra, porque la empresa apuesta a la prosperidad de la ciudad”.
Sin embargo, como en toda fiesta no pueden faltar “los perros”. Las personas inescrupulosas alentadas y guidadas por los políticos de la zona constantemente siguen invadiendo la propiedad privada.
Varias personas son utilizadas como clientes políticos, para que en cada elección las autoridades sigan manteniendo sus cargos y por ende lucrando a costilla del Estado.
En este contexto responsabilizan directamente al diputado por Alto Paraguay, José Domingo Adorno, más conocido como El Sapo y a su hermano Hilario, expulsado de la intendencia y condenado por hechos de corrupción.
Mientras el gobierno nacional a cargo de Santiago Peña está gestionando la donación de las tierras para los pobladores los políticos hacen todo lo contrario, buscan sembrar el odio entre la población y la empresa Atenil.
Y no solo los mencionados políticos serían los responsables de la situación sino también la iglesia católica representada en el distrito por el sacerdote polaco Zislao Zsiasek, si bien ya no es párroco directo de la iglesia San Ramón Nonato, de Puerto Casado, sigue teniendo una fuerte injerencia en los asuntos locales.
Ahora que se acerca las elecciones municipales, el diputado Adorno, el pasado jueves armó todo un show llevando a Puerto casado a su colega electo por Central, Néstor Castellano y Blanca Ojeda, directora de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, supuestamente para mostrarle el sufrimiento del pueblo casadeño. Sin embargo, no mencionó todos los atropellos que cometieron a la propiedad privada.
Tanto los políticos como los invasores pisotean la Constitución nacional que establece que la propiedad privada en Paraguay está protegida principalmente por el artículo 109, que declara inviolable. Además, el Código Civil, la Ley 7424 del Registro Unificado Nacional y normas que penalizan la invasión con penas de hasta 10 años de cárcel (como la modificación del artículo 142 del Código Penal), garantizan este derecho.
