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EE.UU. sanciona a Cartes y Velázquez por corrupción

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Horacio Manuel Cartes Jara (Cartes), expresidente de Paraguay, y a Hugo Adalberto Velázquez Moreno (Velázquez), el actual vicepresidente, por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay. 

WASHINGTON — OFAC también está designando a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E., por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Estas personas y entidades están designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, en la cual se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y se enfoca en los perpetradores de abusos graves de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.

“El Departamento del Tesoro está comprometido a abordar la corrupción sistémica en todo el mundo, incluso en sus formas más arraigadas y en los niveles más altos de los cargos públicos”, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

“La acción de hoy expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el Gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas.” 

La medida sigue a las designaciones de Cartes y de Velázquez en el 2022, en virtud de la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022, que respalda un enfoque de todo el gobierno para combatir la corrupción y las finanzas ilícitas.

CORRUPCIÓNENLOS MÁS ALTOS NIVELES DEL GOBIERNO 

Cartes incurrió en actos de corrupción antes, durante y después de su mandato como presidente de Paraguay. La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito. Se unió al Partido Colorado en el 2009, proporcionando inversiones financieras e incentivos para convencer al partido de eliminar su requisito de afiliación de 10 años, para permitirle postularse como candidato presidencial del partido. 

Cartes pagó a los miembros del partido hasta $10,000 cada uno para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Mientras era presidente de Paraguay, Cartes continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo. Mantuvo su control sobre la formulación de políticas a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre $5,000 y $50,000 por cada miembro. 

Cartes aseguró la efectividad de este esquema cancelando los pagos a los legisladores que no cumplieron sus órdenes. En el 2017, Cartes prometió un millón de dólares de su propio patrimonio para comprar los votos de los legisladores para apoyar su impulso infructuoso de reforma constitucional que le permitiera postularse para un segundo mandato en el 2018.

Cartes siguió influyendo en las actividades legislativas después de dejar el cargo sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta $50,000 mensuales. Cartes está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 por ser una persona extranjera, funcionario del gobierno actual o anterior, (o una persona que actúa para o en nombre de dicho funcionario) que es responsable o cómplice, o ha participado directa o indirectamente en corrupción, incluida la apropiación indebida de activos del estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno. 

OFAC también está designando a Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. y Frigorifico Chajha S.A.E. como cuatro entidades que son propiedad o están manejadas por Cartes. Simultáneamente con esta acción, la OFAC emitió dos licencias generales, la GL5 y GL6, autorizando, respectivamente, ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico ChajhaS.A.E. y la liquidación de transacciones que involucren a cualquier entidad que sea propiedad de Cartes en un 50 por ciento o más, hasta las 12:01 a.m., hora del este, del día 27 de marzo de 2023, así como las preguntas frecuentes al respecto (FAQs) 1111 y 1112. 

Hugo Velazquez Velázquez, actual vicepresidente de Paraguay, también se ha involucrado en prácticas para interferir en procesos legales y protegerse a sí mismo y a sus socios criminales de investigaciones criminales, incluso sobornando y amenazando a quienes podrían exponer su actividad delictiva. Tanto Cartes como Velázquez tienen vínculos con miembros de Hizballah, una entidad designada por el Departamento de Estado de los EE.UU. como Organización Terrorista Extranjera y objetivo de múltiples designaciones de la OFAC. 

Hizballah ha realizado regularmente eventos privados en Paraguay donde los políticos hacían acuerdos por favores, vendían contratos estatales y discutían los esfuerzos de aplicación de la ley a cambio de sobornos. Representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones. 

Velázquez está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818 por ser una persona extranjera, funcionario del gobierno actual o anterior, (o una persona que actúa en representación de dicho funcionario) que ha participado en corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, corrupción relacionada con contratos gubernamentales, o la extracción de recursos naturales, o el soborno. 

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES 

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en posesión de las personas descritas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más, de una o más de las personas bloqueadas. 

A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que esté exento de otro modo; las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses, o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la posesión de las personas designadas o bloqueadas de algún modo. 

Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona. El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad para eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. 

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso de solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte con la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC.

Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí. GLOBAL MAGNITSKY Sobre la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, la Orden Ejecutiva (O.E.) 13818 fue emitida el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia del abuso de los derechos humanos y la corrupción que tiene su origen, en su totalidad o en parte sustancial, fuera de los Estados Unidos, había alcanzado tal alcance y gravedad que amenazaba la estabilidad del derecho internacional, sistemas políticos y económicos. 

El abuso de los derechos humanos y la corrupción socavan los valores que constituyen la base esencial de sociedades estables, seguras y funcionales; tiene impactos devastadores en las personas; debilita las instituciones democráticas; degrada el estado de derecho; perpetúa conflictos violentos; facilita las actividades de personas peligrosas; y socava los mercados económicos. Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas a quienes cometen abusos graves contra los derechos humanos o se involucran en la corrupción, así como proteger el sistema financiero de los Estados Unidos de abusos por parte de estas mismas personas, según el documento divulgado ayer.