Caen los corruptos, pero Mino Adorno se Salva

15:05 - 04/05/2024

Empiezan a caer y son encarcelados los acusados por los hechos de corrupción durante la pandemia del Covid-19. Sin embargo, el ex gobernador de Alto Paraguay y actual diputado, el colorado-cartista, José Domingo Adorno, sigue impune y está acusado por los ex concejales de haber desaparecido USD 2 millones que debían haber sido invertido en infraestructura y otros.

Un Tribunal de Sentencia condenó a Patricia Samudio, ex titular de Petropar, a cuatro años de cárcel y a su esposo, José Costa Perdomo, a tres años y nueve meses de prisión por lesión de confianza. Los jueces concluyeron que ambos fueron responsables de un perjuicio de G. 346 millones con la compra de agua tónica y otros insumos en plena pandemia, con el supuesto objetivo de mitigar la propagación del Covid-19, sin ningún sustento técnico o de salud al respecto.

Samudio habría desviado este monto, que fue a parar a la cuenta de un acreedor de su marido. Los fiscales que llevaron la causa son Francisco Cabrera, Silvio Corbeta y Luz Guerrero.

Otros procesados en la causa habían logrado la suspensión condicional del procedimiento por la misma causa ya en el 2021, entre ellos Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga Arias, a quienes se les impuso la donación de una ambulancia para los Bomberos Voluntarios del distrito de San Roque González de Santa Cruz, Departamento de Paraguarí.

Adorno “mimado” por la justicia

Las 17 gobernaciones del país recibieron a finales del año pasado USD 1.000.000 mediante la ley “de apoyo financiero a los gobiernos departamentales para la reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia del Covid-19”.

Posteriormente, en mayo de este año, volvieron a recibir USD 1.000.000, tras la aprobación de la ley “que establece medidas en el marco del plan de recuperación económica por los efectos causados por la pandemia Covid-19, bajo el eje de protección social”.

En total, la Gobernación del Alto Paraguay recibió G. 12.763.999.100 durante las dos entregas.

La rendición de cuentas presentada ante la Contraloría General de la República por parte de la Gobernación del Alto Paraguay revela que los fondos de emergencia por Covid-19 fueron destinados en gran parte a construcciones y reparaciones en parroquias y capillas, entre otras sedes de la Iglesia Católica de la zona.

Fuera de la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia en todo el país, Alto Paraguay ya sufría por falta de agua en diferentes ciudades, principalmente en Toro Pampa, donde la población debe consumir lo que se junta en los tajamares. Igualmente, entre otras necesidades, esta parte del Chaco no cuenta con energía eléctrica estable, pasando días incluso sin luz.

Pese a las históricas carencias, el gobernador del Alto Paraguay, José Domingo Adorno Mazzacote, gastó G. 2.302.632.738 en proyectos parroquiales.

Entre las obras llevadas a cabo con los fondos de emergencia se encuentran la ampliación de la iglesia vicaría Sagrada Familia; construcción de la parroquia San Roque González de Santa Cruz; construcción del tinglado en el predio de la capilla San Pedro Apóstol; construcción y compostura de tres baños; confección y colocación de columnas; confección y colocación de portones en el polideportivo parroquial; proyecto Ñandejára Guasu; construcción del cercado de la obra de las Hijas de María Auxiliadora; reparaciones varias y arreglo de la casa de las Hermanas de la Caridad.

Fiscalía “cajoneó”  el expediente

El 28 de diciembre del año pasado el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta dirigió un allanamiento a la sede en Asunción de la Gobernación de Alto Paraguay en el marco de una investigación abierta por supuesto hecho punible de lesión de confianza, durante la administración del exgobernador y actual diputado José Domingo Adorno. 

Durante el procedimiento se logró la incautación de documentos relacionados a varias obras y licitaciones llevadas a cabo en la institución en los últimos años, además de realizar la verificación de los rodados del ente. La denuncia por supuesta lesión de confianza fue presentada por la abogada Teresa Flecha, por presuntas irregularidades en la administración de la gobernación. 

Entre los hechos objetos de la investigación se encuentran el concurso de ofertas n.° 08/18, ID N° 353477, donde se realizó una convocatoria para la construcción de un baño sexado en la Escuela Básica n.° 7.875 María Auxiliadora de la comunidad indígena Km. 40 del distrito de Puerto Casado, resultando adjudicada la firma “12 de Marzo de S.A.” por la suma de G. 175.595.288. También se investiga la convocatoria a licitación N.° 05/2018, para la provisión de almuerzo escolar bajo la modalidad de alimentos preparados en las escuelas – Ad referéndum – Plurianual 2019-2020, identificado como ID N.° 355.405, por la suma de G. 13.334.112.000, que fue adjudicada a la firma unipersonal Fiorella Comercial de Adriana Riquelme, adjudicación que fue objeto de protesta.

Sin embargo, el caso fue “cajoneado” y hasta el momento José Domingo Adorno sigue riéndose de la justicia y disfrutando de sus millones, gracias a la complicidad judicial, especialmente del titular de la Fiscalía General del Estado, Dr. Emiliano Rolón. Según los políticos de la zona y los mismos pobladores, la fiscalía estaría esperando blanquear al parlamentario, gracias al apoyo del titular de la Asociación Nacional Republicana (AN), Horacio Manuel Cartes.