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Abogado condenado por apropiarse de dinero seguirá preso

ASUNCIÓN.- La agente fiscal de la Unidad Penal de Ejecución 1 de Asunción, María José Pérez representa al Ministerio Público en la causa que involucra a Aldo Jesús Caballero quien fue condenado en el 2015 a 4 años de cárcel por apropiarse de más de 269 millones de guaraníes, desembolsados como indemnización a favor de 74 exempleados de una firma de plaza quienes fueron despedidos.

El condenado solicitó su libertad condicional. Sin embargo, la Fiscalía se opuso debido que los resultados de la evaluación psicológica al que fue sometido tuvo indicadores negativos en sus rasgos de personalidad. El Juzgado de Ejecución a cargo de la jueza Yolanda Morel hizo lugar al requerimiento fiscal, disponiendo que el mismo siga un tratamiento psicoterapeútico antes de volver a solicitar este beneficio que contempla la Ley para una futura reinserción social.  

Aldo Jesús Caballero era el abogado laboralista de 74 obreros a los que representaba y se apropió del monto de indemnización que habían percibido sus clientes por el cese de contrato laboral. El artículo 51 del Codigo de Ejecucion dispone que se debe tener en cuenta para el beneficio de la libertad condicional, los rasgos de la personalidad del condenado y las circunstancias del hecho punible, entre otras consideraciones legales.

Antecedentes del caso

El abogado fue investigado desde que se apropió del dinero de los ex empleados de la azucarera Cenci y Pirotta SA, que fue a la quiebra en la ciudad de Benjamín Aceval.

Los antecedentes señalan que el abogado representó a los empleados y estos le dieron un poder para que pueda cobrar sus indemnizaciones correspondientes. Sin embargo, el profesional se adueñó de importantes porcentajes del dinero y se fugó.

Según la investigación, Caballero les hizo firmar un documento en blanco para luego montar el esquema que le permitía quedarse con el dinero. Inicialmente, entregó por completo un cheque que recibió de la patronal. Con este acto se ganó la confianza de los demandantes y empezó la cadena de engaños.

La mayoría de los afectados debían cobrar entre G. 50 millones y 60 millones por la antigüedad que tenían, pero percibieron entre G. 15 millones y 20 millones, según la Policía y la Fiscalía.

Tras llevarse a cabo el juicio, fue condenado a 4 años por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado en ese tiempo por las magistradas Mesalina Fernández, Blanca Gorostiaga y Gloria Hermosa.

El Ministerio Público recalcó en esa ocasión que el profesional no reguló sus honorarios, luego de negociar con los representantes de la firma sobre las indemnizaciones para los ex empleados, sino que se apropió del dinero haciéndoles firmar documentos en blanco.

Luego de concretarse su detención, el letrado fue trasladado para guardar reclusión en el penal Tacumbú.